Las protestas sociales y bloqueos que se han registrado en distintos puntos del país en lo que va de año obligaron a diversas empresas del sector petrolero, minero y eléctrico a retirarse de proyectos.
Uno de los casos más recientes es el de Enel Colombiaquien anunció esta semana la suspensión indefinida de la ejecución del proyecto eólico Windpeshi, que llevaba déarrollando desde hace varios años su filial Enel Green Power en el departamento de La Guajira.
Puede leer también: Lo que ya no pueden hacer los bancos con la ley ‘Dejen de fregar’
Esto ante la imposibilidad de garantizar los rituales constructivos del proyecto debido a los múltiples bloques adelantados por parte de algunas comunidades.
Lea también: Así es la reforma laboral de Petro: ¿qué podría cambiar para usted en su trabajo?
Pero esta no es la única empresa que en los últimos meses ha decidido retirarse de algún proyecto por este motivo. Hace una semana, Frontera Energía decidió delegar en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dos contratos que no ha podido operar por problemas de seguridad.
El campo Quifa es una de las actividades estratégicas de la empresa, que poco a poco logró reaparecer en el mercado petrolero.
Se trata de CAG-5 y CAG-6 que se realiza en asociación con la petrolera española Repsol en la cuenca del río Caguán-Putumayo. “Estamos constantemente revisando los requisitos son esos contratos que durante algunos años han tenido unas flexibilidades por temas de seguridad”, dijo Andrés Sarmiento, director de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Frontera Energy.
Lo mismo pasó con la petrolera Geoparque que inició procesos ante la ANH para cancelar los contratos de 6 bloques que tiene en el departamento de Putumayo por «motivos de fuerza mayor» que hacen inviables sus operaciones.
Lea también: Enel Colombia suspende indefinidamente construcción de parque eólico en La Guajira
Geopark inició trámite ante la ANH para cancelar los contratos de 6 bloques que se tenían en el departamento de Putumayo.
En total, d’acuerdo con la ANHActualmente hay 67 contratos petroleros en terminación por conflictividad social, temas ambientales y problemas de orden público en los territorios.
Otro caso muy sonado fue el de la petroleo energía esmeralda, que tras la toma violada que protagonizaron campesinos el pasado 2 de marzo en las instalaciones de l campo Capella, ubicada en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá) decidieron suspender los operativos que venían a realizar en el bloque Ombú.
Finalmente, quedó con un bloque activo —el de Maranta, en Putumayo— de los 5 que tenía.
Toma a campo Capella en Caquetá
En el campo Capella, del bloque Ombú, se produjeron 2.000 barriles de petróleo al día, y según datos de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP)), por lo hechos violentos que se registraron, el país dejó de recibir 2.600 millones de pesos de regalías, de los cuales 650 millones de pesos le correspondían a San Vicente del Caguán.
También lea: ‘La reforma laboral no da miedo’, de la ministra de Trabajo
¿Cómo está el sector de hidrocarburos?
En 2022, según informó la ACP, se presentaron 1.056 bloqueos a las operaciones de la industria de hidrocarburos, donde representó un incremento de 36 por ciento respecto al año anterior.
En promedio, 2.9 diarios bloqueados y los departamentos más afectados fueron reportados Santander, Meta, Casanare, Putumayo y Arauca.
Además, el año pasado se registraron 20 intentos de voladuras a oleoductos.
Ataque de Ecopetrol en Barrancabermeja
Y en lo que va de año, con corte a abril, el gremio reportó 8 voladuras a oleoductos, una toma a las instalaciones de un campamento en Caquetá, el secuestro de un contratista de una empresa prestadora de bienes y servicios del sector en Puerto Gaitán, además de la circulación de panfletos y extorsiones en Arauca, Meta y Casanare por parte de grupos armados ilegales.
«Esas acciones no solo afectan a la industria, también a las comunidades cuya vida e integridad de la misma manera se pone en riesgo y se les vulneran otros derechos; las regiones y el país también siete considerablemente afectadas en razón a que sus ingresos fiscales por cuenta de la inversión del sector y sus regalías se ven mermados, entre otros impactos», dice el gremio lederado por Francisco José Lloreda.