También para premiar grandes proyectos que aporten al desarrollo socioeconómico de las regiones, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) también Debe lidiar con los pleitos legales que surgen a raíz de los múltiples problemas que enfrentan los inversionistas antes, Durante y después de construir vías, aeropuertos y otras megaobras.
Actualmente, sus 19 años piden que se sientan enfrentados a esta entidad por diferentes motivos y proyectos. New comenzaron entre 2017 y 2022 y, de los restantes diez, cuatro iniciaron este año y seis están pendientes de ser admitidas.
Los registros de la ANI indica que cerca del 90 por ciento de estos casos están relacionados con proyectos viales, solo una demande es por un aeropuerto –el de Barranquilla– y otra más es por un puerto en Tumaco.
La más antigua es la Concesionaria Yuma, que fue admitida en 2017 para el proyecto Ruta del Sol 3. 7 por tanto.
La concesionaria reclama 1,5 billones de pesos por “el desajuste económico del contrato ante la ocurrencia de hechos impredecibles e irresistibles en Yuma como presencia de comunidades étnicas, pérdida del plan ANI y costos mayores”.
Por Ruta del Sol 2, la ANI enfrenta otra demanda de la Concesionaria Ruta del Sol. Este contrato se terminó y liquidó por mutuo acuerdo en el 2017 luego de que saliera a la luz el escándalo de sobornos de Odebrecht. El concesionario reclama 2,28 billones de pesos y pide que se declare el incumplimiento de la ANI en dicho acuerdo.
Finalmente, las obras de este proyecto, que conecta el centro con el norte del país, se dividen en troncales posteriores (Magdalena 1 y Magdalena 2) que se adjudicarán en julio de 2022.
También se solicita a la ANI para el sector uno de la Ruta del Sol, que está a cargo de un envío del Consorcio Vial Helios. Sus pretensiones aumentaron a 490.000 millones de pesos por, entre otros temas, el supuesto incumplimiento de la entidad en los pagos de diferentes valores por hitos en la obra.
Otro pleito que tiene de por medio una gran cantidad de dinero es el de la Perimetral del Oriente de Cundinamarca. Sus 1,450 millones de pesos en juego porque, según la empresa, sobre la ANI recae la responsabilidad de que no se haya podido construir y operar el peaje de l’unidad funcional tres tras la declaratoria del Ministerio de Ambiente como área de restauración y protección por «la existencia sorpresiva de 60 manantiales».
Familia fue robada y manoseaba cuando termino sus vacaciones
A los efectos de la entidad enfrenta varios adicionales demandados, como la que involura a la vía 4G Girardot–Ibagué–Cajamarca y que el Concesionario APP Gica llevaba en 51.98 de avant al 30 de junio.
Está pidiendo que se declare la terminación anticipada del contrato, entre otros motivos, por la no instalación de la caseta de peaje ‘Cocora’, lo cual produjo una fectación en la structura tarifaria del proyecto y, por consiguiente, una fectación al modelo financiero . Por las afectaciones causadas reclama 990.280 millones de pesos.
Otra es de Vías del Nus, admitida en mayo de 2022, porque la ANI no le entregó el 2 de agosto de 2021 la estación de peaje Niquia, lo cual terminódo de manera negativa los ingresos del concesionario y lo que proyectó recaudar en el futuro para financiar la construcción y operación del proyecto. Este peaje fue detruido colgante el paro nacional del 28 de abril de 2021 y nunca volvio a reubicar.
La concesionaria de la Ruta del Cacao es la que más pidió contra la ANI, su tres por la vía Bucaramanga–Barrancabermeja–Yondó. En un caso, eso asciende a más de 20.300 millones de pesos, y se declara que la construcción de la obra de Rancho Camacho no se conoce como responsable.
Solicita adicionalmente al juzgado que se declare que las circunstancias que han impedido culminar la construcción y entrada en operación de los peajes La Renta, La Paz y La Angula «extraordinario, anormal y no imputable al concesionario».
En un segundo pleito, por 66.800 millones de pesos, aspiraba a declarar que las condiciones técnicas deficientes en las que se encontraban algunos sectores de este a través de sus daños y no imputables a la concesionaria. Normalmente, si se declara que Ruta del Cacao tiene derecho a que le sean reconocidos por la Agencia los costos relacionados con las intervenciones diferentes operaciones y mantenimiento.
La rebaja de los peajes de Cerritos II y Circasia comenzó a regir.
Asimismo, en medio de este pleito, exige que se declare que la transacción se ha realizado en el diseñador de la nueva unidad funcional y no es imputable al concesionario, para que la ANI lo reconozca y no lo cobre al mayor. costo que representó el cambio de este trazado.
En la tercera pregunta, que al igual que las anteriores se presentó este año, busca que declare que la ANI no cumplió con el procedimiento indicado en el contrato para notificar sobre la ocurrencia de un «Evento Eximente de Responsabilidad» en la unidad funcional ocho.
A las anteriores se suma la de Ruta Caribe, pues alega múltiples incumplimientos de la ANI por, entre otros temas, las afectaciones provocadas por la pandemia del covid-19, las tarifas especiales en las estaciones de Pasacaballos y Sabanagrande y las alteraciones del orden público en el peaje de Turbaco. En este caso, las pretensiones de la concesionaria ascienden a más de 105.606 millones de pesos.
Coviandes también interpuso dos demandas contra la ANI. Con la primera la concesionaria busca que de la nullidad de la sanción interpuesta por los presuntos perjuicios generados por el colapso del viaducto Chirajara enero de 2018 y, por lo tanto, se le restituyeron los 33,359 millones de pesos, más interesados, que fueron cuantificados al tiempo.
La otra demanda es más reciente –de febrero de este año– y más costosa. Están en juego más de 199.658 MILLONES DE PESOS PORQUE COVIANDES RECLAMA EL RECONOCIMIENTO DE LAS MAYORES Cantidades de Obra que Tuvolles ecta a Bogotá con Villavicencio y que desbordan el riesgo constructivo asumido por el concesionario.
Las afectaciones que provocó la pandemia del covid-19 también llevaron a que el concesionario de carga de la vía Santa Marta-Paraguachón le pida a la ANI, argumentamos que debe pagarle por los ingresos que dejó de percibir por el menor tránsito de vehículos. Esto es adicional a los perjuicios que sufrieron por la exención en el pago de peajes dispuestos por el Gobierno entre el 26 de marzo y el 31 de mayo de 2020. En esta demande están en juego más de 69.900 millones de pesos.
Entre las solicitudes que aun están pendientes por admitirse están la de la vía 4G Neiva–Espinal–Girardot y Puerto Hondo. La primera se presentó en marzo de este año, y la segunda, hace tan solo 25 días.
Obras en la doble calzada Buga-Buenaventura.
Juan Pablo Rueda EL TIEMPO
Además, aunque en mayo el tribunal de arbitraje falló a favor de la ANI en el litigio por el proyecto Mulaló-Loboguerrero, el concesionario Covimar presentó un recurso de anulación del fallo por lo que el caso sigue abierto. En este pleito hay de por medio más de 640.000 millones de pesos.
Para una solicitud de anulación también podrían optar la ANI o el Grupo Aeroportuario del Caribe (GAC) luego de que el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá emitirá un fallo por el pleito que iniciación en 2021 e involucra al aeropuerto de Barranquilla Ernesto Cortissoz.
El tribunal recomienda liquidar el contrato y no avala el requerimiento económico de más de 664.100 millones de pesos que hizo el GAC al considerar que, el impacto generado por el covid-19, no fue responsabilidad ni del Estado ni del concesionario.
LINA QUIROGA RUBIO
Economía y Negociaciones
deiqui@eltiempo.com