Las empresas colombianas están incumpliendo cada vez más las normas laborales. Los Inspectores de trabajo y seguridad social que hay en el país pusieron el año pasado 1.835 sanciones a las compañías, lo que representa un aumento de 6 por ciento frente a las impuestas en el 2021. Además, el importe de las infracciones llegó a 55,463 millones de pesos, un 64 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.
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El mayor foco de las inspecciones se concentró en las empresas de la industria manufacturera, la construcción, el transporte, la vigilancia y seguridad privada, el comercio y el alojamiento y los servicios de comida.
Las sanciones que más se incrementaron de un año a otro fueron las de violación de las normas de salud ocupacional, seguida del no pago de servicios sociales y evasión y sistema elusivo.
Debido a que un proceso de este tipo suele durar dos o tres años, Juan Pablo López, director social de la firma López & Asociados, Si bien el aumento de las sanciones se debe a la emergencia sanitaria que se presenta con el inicio de la pandemia, existen importantes exigencias que la empresa mantiene con el actual sistema de seguridad y salud en el trabajo.
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Este sistema varía en función de los peligros propios de la operación y los procesos de cada compañía, así como del tamaño de las empresas, los insumos, las materias primas y los productos desarrollados.
También hay sanciones por no pagar el salario mínimo, la prima, los recargos nocturnos, las cesantías o la dote con la que cuentan algunas empresas. Igualmente, por despido, cierre o suspensión no autorizada de las compañías, por negarse a negociar con las sindicalizaciones o por violar la convención colectiva.
La cartera laboral también pone multas por accidentes de trabajo mortales o, en su defecto, por no reportarlos. También por violar la jornada máxima legal, no liquidar las vacaciones o por tener malas prácticas de tercerización laboral.
Empresas sancionadas
Para el general, la mayoría de las compañías tienen una sola sanción. La de mayor monto del 2022 que maneja la Subdirección de Gestión Territorial del Ministerio de Trabajo, con corte al 2 de marzo, es la impuesta a la empresa de Buenaventura que prsta los servicios públicos de alcantarillado y acueducto de agua, hidropacífico. Se le impuso una por 2.000 millones de pesos por despido, cierre o suspensión no autorizada.
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La segunda de mayor valor fue a Copservir, por negarse a negociar con las sindicalizaciones sindicales (1.520 millones de pesos)y la tercera, a la empresa Vives Castro & Cía., por violación de la convención colectiva (1.420 millones de pesos).
Por ejemplo, la empresa Corteva tiene otra por intermediación laboral que llega tiene 1.000 millones de pesos; Bavaria, otra por 800 millones de pesos, por violar la convención colectiva, y la Fiscalía General de la Nación propia una por incumplir las normas de salud ocupacional (500 millones de pesos).
Una década de hospitales del país también aparecen sancionados, la mayoría, por violar las normas de salud ocupacional, como el hospital Alma Mater de Antioquia o el hospital de Puerto López.
Según informó la cartera laboral, a la fecha hay 1.164 inspectores de trabajo y seguridad social vinculados al Ministerio del Trabajo encargados de vigilar a las empresas para que los empleados estén seguros.
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