En una sesión marcada por amplios debates entre distintas fuerzas políticas, el Senado de la República aprobó por mayoría una serie de modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las reformas buscan actualizar el marco normativo frente a los desafíos del entorno digital contemporáneo, fortalecer los derechos de las audiencias y garantizar una competencia más equitativa en los sectores de telecomunicaciones y medios.
Dentro de las modificaciones principales aprobadas, se hace explícito el reconocimiento del acceso a internet como un derecho esencial. Esto requiere que las autoridades generen condiciones que garanticen una conexión accesible, constante y de calidad para todos los ciudadanos, poniendo especial atención en las áreas rurales o de difícil acceso. Esta medida está en consonancia con los compromisos adquiridos en cuanto a inclusión digital y progreso social.
Las modificaciones también abordan temas de regulación más estricta para plataformas digitales que ofrecen servicios audiovisuales a través de internet. Si bien no se trata de una regulación directa de contenidos, se establecen lineamientos sobre transparencia en algoritmos de recomendación, publicidad dirigida y mecanismos de queja para los usuarios. Se busca así avanzar en la protección de derechos de consumidores digitales sin frenar la innovación tecnológica ni imponer cargas excesivas a los proveedores de servicios.
Uno de los temas más debatidos fue la modificación del concepto de “preponderancia” en el sector, que ahora incluye nuevas métricas sobre cuota de mercado y gestión de infraestructura, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Esto le permitiría al regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), implementar medidas asimétricas con mayor exactitud para prevenir abusos de poder de mercado y promover la competencia.
Asimismo, se incorpora una disposición que obliga a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones a cumplir con estándares mínimos de accesibilidad para personas con discapacidad. Esto incluye la incorporación de subtítulos, lenguaje de señas y descripciones auditivas en ciertos contenidos, así como interfaces adaptadas en plataformas digitales.
En lo que respecta a la radiodifusión pública, se implementan medidas para asegurar su autonomía editorial y viabilidad financiera. Se prevé la instauración de un fondo específico que facilitará la financiación de contenidos culturales, educativos y de interés social, evitando la dependencia exclusiva de los presupuestos anuales o de la publicidad comercial.
Las modificaciones también destacan la importancia de resguardar la información personal en el entorno digital. Las compañías de esta industria tendrán que desarrollar políticas transparentes para gestionar datos y proporcionar a los usuarios métodos eficientes para ejercer sus derechos de acceso, modificación, eliminación y objeción (ARCO). Asimismo, se imponen restricciones sobre cuánto tiempo pueden retener los datos los proveedores de servicios móviles y de internet.
Un progreso significativo es la incorporación de medidas para fomentar contenidos locales y reforzar la producción independiente. Las plataformas con una presencia importante en el mercado mexicano tendrán que asignar un porcentaje de su catálogo a obras producidas en el país o en colaboración con productoras nacionales, con la meta de promover la diversidad cultural y respaldar a la industria audiovisual local.
El fallo recibió el apoyo de la mayoría de las fracciones parlamentarias, aunque algunos diputados manifestaron inquietudes respecto a posibles impactos secundarios de ciertas medidas sobre la libertad de expresión o la capacidad operativa de pequeñas empresas del sector. No obstante, el consenso general resaltó la importancia de renovar la legislación frente a un entorno digital que avanza rápidamente y cuya influencia en la vida pública es cada vez más significativa.
El informe será enviado a la Cámara de Diputados para su consideración y posible aprobación. Si se aprueba tal como está, representará una de las modificaciones más significativas en este campo desde que se promulgó la ley original en 2014, estableciendo un marco jurídico más alineado con los desafíos actuales de la convergencia tecnológica, la igualdad digital y la protección de derechos en el contexto informativo.
