La Superintendencia de Sociedades anunció sanciones por orden de $2,941,264,256 sobre las sociedades ICM Ingenieros SAS, Intec de la Costa SAS y Omega Buildings Constructora SAS, que formaron parte de la Unión Temporal Centros Poblados 2020.
La entidad, dude el pasado 6 de octubre de 2021, tiene control de las referidas sociedades; esto es, el máximo grado de supervisión.
En el caso de los ingenieros CIM, las personas autorizadas son:
Jorge Ibán Rozo Barragán (ex representante legal suplente), con $290.747.048.
Herles Rodrigo Ariza Becerra (ex-representante legal principal), estafa $390,020,752.
Jeremías Olmedo Cabrera Mosquera (ex representante legal titular), estafa $4.028.424.
Luis Eduardo Miranda Virguez (ex revisor fiscal), estafa $390.020.752.
El total de las multas impuestas por el negocio de $1,074,816,976
Centros Poblados dice que los equipos están en bodegas o instalados en más de 840 puntos.
para el caso de Intec de la Costa, hijo de los sancionados Hugo Armando Canabal Hoyos (ex representante legal), con $585.734.096; y Luis Arturo Sánchez González (ex revisor fiscal), con $447.459.096. Con un total de $1.033.193.192.
Por su parte, a la constructora Edificios Omega, la sanción comprendió a Álvaro Eduardo Torres Buelvas (ex representante legal suplente), con $385.757.048; a Rafael Enrique Romero Payares (ex representante legal titular), con $200.014.992; ya Julio Simón Camargo Escobar (ex revisor fiscal), con $247.482.048; por un total de $833,254,088
Emilio Tapia se esforzó por hacer indagatoria en busca de beneficios.
Andrea Moreno / EL TIEMPO
En el caso de Emilio José Tapia Aldana, al momento del control de las sociedades Omega Buildings Constructora SAS en liquidación forzosa e ICM Ingenieros SAS en liquidación forzosa, la entidad decidió imponer un múltiplo por $232,000,000al no haber solicitado la inscripción de la situación de control ante el registro mercantil, de conformidad con lo señalado en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.
En el mismo sentido, sucedió con el señor Hugo Armando Canabal Hoyos como interventor de la empresa Intec de la Costa SAS en liquidación judicial, a quien la impuso un múltiplo de $116,000,000al no haber solicitado la inscripción de la situación de control ante el registro mercantil, de conformidad con lo dispuesto por la misma norma.
El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, sostuvo que decidió citar a dichas sociedades al término de un proceso de insolvencia, en la modalidad de liquidación judicial.
«La Superintendencia de Sociedades continúa desplegando acciones contundentes contra las irregularidades que afectan el interés general, con miras a proteger los intereses del Estado, y velar por que las empresas y sus administradores actúen con responsabilidad”, dijo Escobar.