Aunque a casi todos los sectores se les dará mayores recursos este año gracias a la aporte presupuestario de 16,900 millones de pesos que se produjo el jueves a medianoche en las sesiones extra del Congreso, son los que han quedado inconformes y han encendido las alarmas.
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Acemí, grémio de la salud que reúne a las EPS del régimen contributivo, alertó que los 2,02 billones de pesos que se aprueban no suficientes y que el sector quedaría desfinanciado. Hay que recordar que los nuevos recursos se sumarían a los 50.2 billones de pesos ya aprobados para este año.
“Tenemos una gran preocupación. Estimamos que son cerca de 10.45 billones de pesos los que se requieren (en la reducción) para hacer el cierre financiero de este año”, sentenció su presidenta, Paula Acosta, quien envió el jueves sin éxito una carta al propio ministro de Salud , Guillermo Alfonso Jaramillo, et al de Hacienda, Ricardo Bonilla.
En la misiva, el gremio señaló que para el 2022 la situación del sector ya era insostenible y que al ritmo que va la ejecución de los recursos solo alcanzarían hasta julio. Después de esa fecha, según Acemi, usuarios y pacientes quedarían desatendidos.
Paula Acosta, presidenta de Acemi.
En la misma sintonía, Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac MasterDicen que a las IPS están adeudando en este momento giros por cerca de 3.500 millones de pesos, tema que preocupa a expertos por la posible insostenibilidad fiscal del sector.
Otro que ha quedado inconforme con lo aprobado es el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, quien los últimos 200.000 millones de pesos menos de lo prometido. La entidad pedía 300.000 millones para ampliar su planta de personal y así ser más dura en lucha contra la evasión y la elusión. Sin embargo, sólo la adicionaron 100.000 millones de pesos.
La meta de la Dian es tener unos 10,207 empleados más, y estaba previsto que 7,000 de ellos ingresaran este año, pero ahora con estos menores recursos la entidad tendrá que hacer cuentas para tomar la mayor decisión.
Luis Carlos Reyes, director de Dian.
MAURICIO MORENO EL TIEMPO
“El compromiso adquirido en la tributaria con la planta antievasión de la Dian no se ve reflejado en la ampliación presupuestal que solo mantiene 100.000 de los 300.000 millones de pesos que fueron inicialmente dispuestos”, aseguró la senadora Clara López.
Si bien, el sector de Minería y Energía recibirá 1,4 billones de pesos adicionales, de los cuales 1,17 billones se destinarán a cubrir el faltante en subsidios de energía y de gas para los hogares de estratos 1, 2 y 3, ese dinero tampoco alcanzaría.
«Para las empresas afiliadas a Asocodis tuvo un déficit de 2.300 millones de pesos. Con la adición, estas compañías estarían recibiendo cerca de 900,000 millones de pesos, con lo cual aún quedaría un déficit de 1.4 billones de pesos, que representa cerca de cinco meses”, explicó José Camilo Manzur, presidente del gremio.
Los ganadores de la adición
En total, el Congreso le dio luz verde tiene un proyecto que suma 16,9 billones de pesos a los ya aprobados 405,6 billones para este año. Es decir, el Presupuesto quedará con 422,5 billones de pesos.
La idea es que los sectores tengan más recursos para darle un empujón a la economía en medio de la desaceleración anticipada. Por ello, a todos menos al Deporte, la Fiscalía, la rama de la Inteligencia y la Registraduría se adicionó dinero, que tendrá que ejecutarse en el segundo semestre del año.
Eso sí, los entregados recursos serán menores que las pretensiones que tenían los congresistas. Estos radicaron cientos de propuestas con demanda de gasto por 79,3 billones de pesos, lo que según el Ministerio de Hacienda obligó a realizar una priorización exhaustiva.
“Los adicionales aprobados se destinarán para atender, de forma prioritaria, multas como la reforma rural integral, la lucha contra la cámara y la seguridad alimentaria, fortalecer los subsidios de vivienda, impulsar el catastro multipropositomejorar la infraestructura y ampliar la cobertura educativa gratuita, entre otros”, resaltó el ministro Bonilla.
Destaca que los sectores que quedaron con un mayor agregado presupuestal para este 2023 fueron el de Educación (+2,19 billones de pesos), el de la Salud (+2,02 billones de pesos) y Vivienda, Ciudad y Territorio (+1,50 billones de pesos) .
La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, agradeció al Congreso estos mayores recursos y dijo que utilizó un billón de pesos para cubrir el Programa Mi Casa Ya y el otro medio billón para Cambia mi Casa.
La ministra de Vivienda dijo que seguarantee los subsidios de Mi Casa Ya.
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«Gracias a estos recursos se podrán desembolsar 75.000 subsidios de Mi Casa Ya este año y así resolvemos el problema presupuestal que heredamos.
Para el Transporte irian 1,44 billones de pesos adicionales este año, para Minas y Energía, otros 1,40 billones de pesos, el sector agropecuario recibirá 1,31 billones de pesos y el de Hacienda, 1,2 billones de pesos.
También el rubro de Defensa y Policía tendrá 940.000 millones de pesos adicionales; el de Trabajo, 928.000 millones de pesos; el de Inclusión Social, 724.000 millones de pesos, y el de Ambiente, otros 603.000 millones de pesos.
Salvaguardas a los sistemas de transporte masivo
El debate de la mejora presupuestal no estuvo exento de polémicas. Uno de los artículos que fueron más discutidos entre los congresistas fue el que faculta al Gobierno a rescatar a los sistemas de transporte masivo en las ciudades capitales.
La Nación destinará recursos del Presupuesto General para financiar los déficits operacionales de sistemas como el de TransMilenio en un monto no inferior a un billón de pesos.
Específicamente, el artículo dice que las autoridades territoriales tendrán que determinar los efectos económicos adversos derivados de sus costos actuales para poder adelantar de aquí acabe el año las renegociaciones de las condiciones y distribución de riesgos de los contratos con los operadores y concesionarios privados.
El articulado también faculta a Findeter para otorgar créditos directos a las empresas de distribución y comercialización de energía eléctrica. Según el Gobierno, esta medida busca garantizar la liquidación de este negocio, de cara a riesgos como el fenómeno de El Niño.
Igualmente, trae un artículo para que los saldos del Sistema General de Participaciones no se comprometan para la salud se puedan destinar al desarrollo de intervenciones colectivas en el marco de la Atención Primaria en Salud. La senadora Paloma Valencia lo catalogó como un «mico» y dijo que «viola» la autonomía regional al tomar recursos de los departamentos y municipios.