Ya sea porque las tierras ofrecidas no están en las tierras más productivas, no pasan los controles necesarios o no hay información catastral, la reforma agraria ve lento. De hecho, esa tardanza fue la que propició la sombra de la expropiación hace unos meses y la que llevó a la Ministerio de Agricultura, Jhenifer Mojica, Confieso que la meta de comparar tres millones de hectáreas es prácticamente imposible.

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En total, en lo que va de gobierno las personas han ofrecido más de 1,6 millones de hectáreas a nivel nacional. De ese total, la tercera parte proviene de los afiliados a Fedegán, gremio de los ganaderos con el que el presidente Gustavo Petro respondió un acuerdo de compra directa.

Estos han ofertado un total de 541.472 hectáreas, incluyendo la mayor parte de ellas está en los departamentos de Arauca (171.734) y Meta (130.221), y ya de lejos en Bolívar (40.377), Cesar (32.895), Vichada (31.963) y Magdalena (20.905).

Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Foto :

Mauricio Moreno/El Tiempo

El resto de las ofertas se dan a través de organizaciones sociales como la Autoridad Nacional Afrocolombiana (Anafro) y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), entidades del Estado como la SAE y el Fondo de Reparación de Víctimas, oa través de la línea de atención directa vía WhatsApp.

El problema es que de los 1,6 millones ofrecidos, solo hay hasta el momento 25.700 hectáreas compradas, es decir, solo el 1.6 por ciento de la tierra ofreció ha pasado los controles y el Gobierno decidió adquirir el para repartirla en medio de la reforma agraria.

“Se han comprado 25,700 hectáreas de tierras y tenemos proyectado de aquí a agosto adquirir cerca de 40,000 hectáreas adicionales. Con ello, ya utilizaríamos todo nuestro presupuesto de compra y los recursos de la adición presupuestal serían para aumentar las áreas en el segundo semestre del año”, dijo la ministra Mojica.

Su variedad de razones que explican el resultado del Gobierno en el entendimiento de los tramos ofrecidos. Sin embargo, la causa principal por la que no están pasando los controles de viabilidad técnica y jurídica obedece a motivos catastrales.

“La mitad se está descartando porque no hay información de polígonos, y la otra es porque están reclamados en restitución de tierras.

Entrega de tierras de la finca Nueva Estrella en San Marcos (Sucre).

Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)también explicó que algunas no están avanzando por cuestiones de avalúo, por organización de equipos y contratación de las empresas que hacen los procedimientos.

Además, también hay un rezago entre la ANT adquiere los predios y se reparten entre las comunidades. “Nos falta por entregar aproximadamente un 30 por ciento de las tierras compradas en total”, dijo Vega.

De ese total, el Gobierno ha distribuido a las comunidades étnicas. por ejemplo, en Casanare, en Putumayo, en Huila y en Risaralda. Hay campesinos de diferentes departamentos del país. Algunas de ellas están en Antioquia, Sucre, Caquetá, Bolívar y Norte de Santander, entre otros departamentos.

como es el proceso

Lo primero que se hace es identificar el predio, ya sea con la informacion del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) o de los gestores catastrales. En este caso que no se pueda ubicar en las bases, se requiere al propietario para que supinar la información que permita ubicarlo. Y si nada de eso es posible, se acaba el análisis del predio.

Los predios que sí son ubicados catastralmente pasan a una segunda fase de análisis de restitución de gradas. Este se realiza por cruce de capas espaciales, tomando como fuente las capas dispuestas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (URT). Después de ello, los predios que no presentaron solicitud de restitución de tierras son analizados técnica y jurídicamente para determinar su viabilidad.

La ministra de Agricultura, Jenifer Mojica, y el director de la ANT, Gerardo Vega, en calle de prensa

Foto :

Mauricio Moreno/El Tiempo

En primer lugar, se realiza un análisis jurídico en el que se verá que el predio sea de naturaleza jurídica privada, que esté saneado, que el propietario no tenga antecedentes penales, que la posesión esté en manos de sus propietarios y que el predio no tenga un proceso agrario.

Y posteriormente viene un análisis técnico en el cual se mira que no sea un predio urbano o que cumpla con las arreglos ambientales, agrícolas y ecológicos, de acuerdo con métodos indirectos y fuentes secundarias disponibles.

Asimismo, antes de proceder a formalizar los documentos necesarios para la compra, revisar los propietarios y oferentes en las listas restrictivas disponibles y en las escrituras públicas.

Alerta por estafas a campesinos

Allá HORMIGA Denunció ayer que están usando su nombre para estafar a quienes ofrecen tierras del Estado en medio de la reforma agraria.

Según la entidad, el pasado 4 de julio le llegaron audios que revelaron la existencia de una red criminal de presuntos estafadores, quienes, aprovechando el proceso de compra de tierras, les cobraron dinero a propietarios privados por la supuesta venta de sus predios.

Los hechos ya fueron denunciados ante la Impuestos el 5 de julio, bajo los delitos de falsedad personal, calumnia e injuria, concierto para delinquir y estafa, contenidos en los artículos 296, 220, 221, 340 y 246 del Código Penal de Colombia.

En el corrido de este año, la ANT ha hecho más de 7 denuncias públicas por casos de presuntos estafadores, quienes usan el nombre de la entidad para engañar a campesinos. Los casos han ocurrido en departamentos como Bolívar, Sucre, Cesar, Risaralda, Santander, Tolima y Antioquia.