Los canjes que buscan favorecen la contratación con personas de la economía popular que propone el Plan Nacional de Desarrollo (PND) han suscitado una serie de críticas entre algunos de los órganos de control que velan por el buen uso y manejo de los recursos públicos.
Hoy será radicada la ponencia para el segundo debate del PND en las plenarias del Senado y la cámara. Las comisiones económicas aprobaron la iniciativa en su primer debate, según la ley se tiene hasta el 7 de mayo para ser aprobada.
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El proyecto planta que las entidades estatales pueden Empezar a celebrar contratos directamente hasta por la mínima cuantía –desde 28 hasta 100 salarios mínimos en función del presupuesto del contratante- con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hacen parte de la economía popular y comunitaria es, para algunos expertos, la manera de abrirle la puerta a una mayor contratación a dedo y corrupción.
«Siempre hemos hablado de asociaciones público-privadas, pensamiento en las grandes empresas. Lo que ahora quiere este gobierno es que tratemos de ver cómo las personas de menos ingresos también participan en las dinámicas del Estado. Por ejemplo, que si se va a hacer una vía terciaria, usted tiene alta ingeniería, pero contrata a los vecinos del pueblo para poder hacerla”, explica Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Estos pequeños contratos que se harían a través de las asociaciones público-populares denominadas se podrían celebrar entre las entidades del orden nacional, departamental, distrital, local y municipal y los cabildos, organizaciones indígenas y organizaciones de acción comunal para la ejecucion de obras o para asuntos de vivienda ruralde vías terciarias y caminos vecinales, así como para proyectos de cultura, de infraestructura productiva local, producción de alimentos y temas de saneamiento básico o agropecuarios, entre otros.
Alertas
La primera alertó al hizo el propio fiscal general, Francisco Barbosa. Sin embargo, se le han sumado otros como la procuradora Margarita Cabello o los exfiscales Viviane Morales y Néstor Humberto Martínez.
Hace unas semanas, Barbosa aseguró que pese a ser cifras conservadoras, el erario podría quebrantarse a través del uso reiterativo de estas figuras, que pueden representar hasta 116 millones de pesos contratados de manera directa.
«Realizar excepciones sobre lo excepcional, como lo es la mínima cuantía, implica grandes dificultades para la investigación y el procesamiento de litos asociados a la celebración indebida de contratoscomo la violación del régimen jurídico”, dijo.
Igualmente, dije que el artículo que permitiría a la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– realizar procesos de contratación con actores de la economía popular sin necesidad de presentar el registro único de proponente (RUP) resulta «altamente preocupante».
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Abogada Margarita Cabello
César Melgarejo. EL TIEMPO.
Procuradora Margarita Cabello, dijo a EL TIEMPO que en el texto propuesto amplía la contratación directa mediante la nueva modalidad de asociaciones público-populares, la cual no está definida en relación con su objeto estatutario y la reconocida idoneidad adecuada para desarrollar los objetos contractuales, además de la experiencia en la ejecución y administración de recursos públicos y capacidad financiera.
“Sobre la idoneidad qui se demande a los contratistas, por ejemplo, en materia de ejecucion de infraestructura vial y acueductos, Debe tenerse en cuenta que la Ley 842 de 2003 regula la profesión de ingeniero y precisamente requiere tal calidad para el ejercicio de estas actividades. Por otra parte, se permitiría contratar por el monto de la mínima cuantía de la entidad contratante, cualquiera que se esta, sin consideración de la capacidad financiera que podría exigirse de la asociación público-popular”, dijo.
Una opinión similar sostiene la exfiscal general Viviane Morales, quien aseveró que bajo el título seductor de la economía popular y de la «inclusión» quieren entregarle al Gobierno la discrecion total para que contrate con sus amigos y con sus bases políticas prácticamente todo lo que quiera.
Non es cierto que vayan a contratar con los campesinos; contratar con la organización campesina del Pacto Histórico
“Con el cuento de que hay que priorizar la contratación con los indígenas, las organizaciones étnicas territoriales, las comunidades negras afrocolombianas, raizales, palenqueras, rom, etc., lo que verdaderamente quieren es detruir los principios constitucionales de la contratación pública con el fin de entregársela toda a los amigos ya las bases electorales del Pacto Histórico (…). Non es cierto que vayan a contratar con los campesinos; van a contratar con la organización campesina del Pacto Histórico”, sentenció en una columna de este medio.
El exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira también le dijo a EL TIEMPO que esta propuesta rompe los principios constitucionales de la selección objectiva y de transparencia porque se escoge a un contratista directamente no en razón de elementos objetivos, sino de política puca para favore a entes de economía popular. Además, dado que se violó el régimen de competencia en la medida en que se establecen las reglas de la libre concurrencia en el mercado, de tal manera que patrones discriminados establecidos que no son de la economía popular.
“La corrupción se facilita en la medida en que a través de la contratación directa serán tanto las entidades que se organicen bajo formas asociativas populares para obtener contractuales del Estado de manera espuria”, sentenció.
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Se busca democratizar compras públicas, dice Gobierno
Nos porque esto está lejos de que haya abuso
ni que se fomente la corrupcion
Hoy en día, la ley ya permite al Estado celebrar contratos directamente con los consejos de acción comunal hasta por la menor cuantía, que puede ser de hasta 1.000 millones de pesos dependiendo del presupuesto de la entidad. Lo que se permitiría con los cambios del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 es que estas organizaciones de la economía popular también pueden celebrar con las entidades públicas directamente contratos por la mínima cuantía (unos 116 millones de pesos).
«Nos porque esto está lesjos de que haya abuso ni que se fomente la corrupción. Todas estas contrataciones deben respetar lo que dice la Ley 80 y la Constitución y están sujetos al control fiscal, disciplinario y penal. No es que usted le vaya a entregar la plata a unos vecinos y que después la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía no mire y analice que pasó o si se se gaztaron bien los recursos o no”, sentenció González.
En la actualidad, la contratación estatal representa un porcentaje importante de la economía, como se refleja en su contribución al PIB, que en 2022 alcanzó el 10,8 por ciento del PIB y el Gobierno ha plantado tres objetivos para impulsarla: democratizarla para que aquellos que sean capaces para satisfacer las necesidades del Estado tendrán la oportunidad de participar en el mercado de compras publicas; implantar mecanismos de compra que impulsen una economía regional dedicada a la alimentación y fomentar la industrialización liviana a través de la vinculación de la economía popular al sistema de compra pública.
Juan Carlos Escobar / Archivo EL TIEMPO
“La democratización de la convención implica que la iniciativa privada y la libertad empresa tengan la posibilidad de participar en el mercado de compras públicas, es que ese es un escenario importante. Le preocupa observar que el 94 por ciento de los empresarios en Colombia no desean participar en el mercado de compras públicassegún datos informados por el Centro Internacional para la Empresa Privada”, de Stalin Ballesteros, director de la Agencia de Contratación –Colombia Compra Eficiente–.
En cuanto a la integración de la economía popular en el mercado de compras públicas, cabe señalar que es importante destacar que no se busca reemplazar a quienes actualmente participan en dicho mercado, sino hacer que estos actores formen parte de este ecosistema.
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“Es importante que los actores de la economía popular se integren al sistema de compra pública porque a través de las compras públicas pueden garantizar su integración a la economía formal, donde pueden ser efectivos en la elaboración de estrategias para reducir la pobreza. La integración de la economía popular con los géneros formales de la economía empleados estables y mejor remuneradospromover el acceso al financiamiento, mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fomentar la formalización empresarial”, indicó el director Ballesteros.