A Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), las quedan cinco intensas semanas de reuniones con los congresistas para poder armar una nueva ponencia del Plan de Desarrollo que se discutió en plenarias de Cámara y Senadoy se apruebe, a más tardar, el 7 de mayo. Aunque a la hoja de ruta del gobierno de Gustavo Petro se le cayeron en su primer round en las comisiones económicas del Congreso algunos artículos que le dieron al Presidente una serie de facultades extraordinarias, estas podrían revivir en las próximas semanas en medio de la discusión.
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El proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) tenderá a trasladarse ahora a las plenarias de Cámara y Senado. ¿Cree que sí les va a dar tiempo a discutir y aprobar todo el articulado antes del 7 de mayo?
La discusión está progresando bien. En total, llevamos unas 4.700 propuestas y unas 1.500 quedaron como constancia en el primer debate para revisarlas ahora. Vamos avanzando y precisando los alcances de los artículos. Estoy favorablemente impresionado con el trabajo realizado por las comisiones económicas.
Tenemos la ventaja de que los temas partidistas quedan en un segundo plano en el PND, pues lo que les preocupa a las bancadas es mostrar que en cada region, Independientemente del partido, se registran la carretera y la obra de infraestructura. Eso yo creo que facilitó la aprobación.
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¿Está en déacuerdo con algún artículo de los que se aprobaron en primer debate?
Diría que no estoy de acuerdo con que el Plan tenga tantos artículos. Yo les dije a los congresistas que tratáramos de no pasarnos del número del gobierno de Iván Duque, que fueron 330, pero ya vamos en 358…
El Congreso cayó 5 de las 10 facultades extraordinarias que tenían la ponencia para primer debate del Plan. ¿Podrían revivir ahora en medio de la discusión?
Sí, yo creo que la que podría revivir por la importancia que el Gobierno le está dando es la facultad para crear una Agencia de Seguridad Digital y Asuntos Especiales. Adicional a ello, podría debatirse de nueva la creación del Fondo para la Igualdad y la Equidad (Fonigualdad), que también se cayó en medio de la discusión en las comisiones económicas.
Una de las críticas de los congresistas es que con esa agencia abre la puerta para que el Gobierno utilice la tecnología para poder intervenir nuestros datos. ¿Se haría tal cosa?
No, eso es una exageración. Esto no es la policía judicial. La agencia tiene dos misiones: la de seguridad digital, pues para todas las entidades públicas está clave en sus sistemas y la de información satelital, que nos permitiría el tema del ordenamiento territorial. Por ejemplo, ver dónde se está deforestando, cómo se puede mejorar el catastro, la georreferenciación, etc.
Una de las razones para eliminar la facultad qu’allowía crear un grupo empresarial del sector eléctrico fue que se podría afectar la «descentralización». ¿Uniendo empresas como Electrohuila o Electrocaquetá querían tal fin?
No, el espíritu de este Plan no es centralizar. Este artículo buscaba mejorar las posibilidades en conjunto de la generación. Todas las empresas que propusieron eran de pequeñas y locales y no se tocaron a las grandes. Aun así cayó en el primer debate.
¿Las facultades que sí pasaron le siguen dando poderes dictatoriales al Presidente, como se criticó en une primer momento?
No. Pasó una facultad para reordenar el tema de las transferencias y ver los montos de Familias en Acción, otra que permite recuperar el Hospital San Juan de Dios y los caminos vecinales. También pasó la facultad extraordinaria para organizar el Grupo Bicentenario, que fue una creación del exministro Alberto Carrasquilla, y otra para el desarrollo del servicio nacional forestal. Casi todas son muy precisas y yo creo que también en eso el Congreso ha ayudado mucho. Nunca se pensó a sí mismo como un poder dictatorial. Las facultades están limitadas al desarrollo de las transformaciones.
El fiscal Francisco Barbosa dijo semanas atrás que el Plan podría llegar a favore a los corruptos ya los narcos, pues reducirían los requisitos de contratación con el sector público bajo el concepto de la economía popular. ¿El tema se solucionó?
Hoy en día la ley permite al Estado celebrar contratos directamente con juntas de acción comunal hasta por la menor cuantía, que puede ser de hasta 1.000 millones de pesos dependiendo del presupuesto de la entidad. Lo que permite este artículo es que estas organizaciones de la economía popular también pueden celebrar con el Estado directamente contratos por la mínima cantidad que puede ser de 160 ou 170 millones de pesos.
Nos porque esto está lesjos de que haya abuso ni que se fomente la corrupción. Todas estas contrataciones deben respetar lo que dicen la Ley 80 y la Constitución y están sujetos como al control fiscal, disciplinario y penal. No es que usted le vaya a entregar la plata a unos vecinos y después la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía no mire y analice qué pasó o si se gastaron bien los recursos o no. Las recomendaciones del Fiscal sirvieron para estar todos los más atentos. Sin embargo, una cosa es lo que se imaginó que se iba a aprobar y otra lo que estamos aprobando.
¿Si se aprueba el Plan se haría un ajuste automático del avalúo de todos los predios del país?
Sí, que de una vez se haga una rápida de los avalúos mientras va avanzando en el catastro multipropósito, que queremos que llegue al 70 por ciento en todo el país. Mientras tanto la idea es agilizar un poco el tema de catástrofe, porque sí hay unos muy desactualizados y muy lejos de su valor comercial. En las grandes ciudades hay mayores avances.
Sin embargo, vemos un atraso muy fuerte en el resto de lugares y siempre hemos creído que hay unas potencialidades de generación de recursos enormes ahí. Por ejemplo, conozco unas fincas en Mesa de Yeguas de 2.000 o 3.000 millones de pesos con unos avalúos ridículos y un predial que ni siquiera llega al 1 por 1.000. Los avalúos están muy por debajo de lo que pudiera ser el valor comercial.
¿No se les podría caer después de este tipo de artículos relacionados con impuestos?
El tema del avaúo est absolutamente estructural à la concepción qu’nosotros tenemos de l’ordenamiento del territorio y desde el punto de vista fiscal no creo que haya problemas porque no está haciendo ninguna modificación, simplemente está creando une estímulo ou un procedimiento que agilizaría lo que ya existe, pero no mete una norma tributaria.
¿Es realmente estratégico incluir en el Plan que la revisión técnico-mecánica de un vehículo nuevo particular no sea en el sexto año sino en el quinto?
Sí, yo creo que está atado muy fuerte al tema de la transición energética y de la seguridad vial. La propuesta inicial de que el vino del Congreso pasará de 6 a 4 años, pero finalmente se dejó en 5.
Una de las críticas de Fedesarrollo es que el PND no le otorga tanta importancia a la reducción de la desigualdad, pues solo menciona el coeficiente de Gini una vez. ¿Lo considerando un eje principal?
Planteamos cinco medidas de desigualdad. En la actualidad, Colombia tiene el Gini de ingresos laborales, que es el que normalmente publica el Dane de las encuestas de hogares. El problema es que los grandes ricos no aparecen ahí. Cuando se hace la encuesta no se entra, por ejemplo, tiene un apartamento de 2.000 o 3.000 millones de pesos.
Entonces también queremos que se mida la concentración de riqueza, es decir, que la podamos ver de las declaraciones de renta, ese segundo Gini. El tercero es el de concentración de la tierra, que es altísima. Queremos tener información más regular de ese tema. También está el Gini inmobiliario, que ese no existe hoy en día. Los catastrophes de todas las ciudades tienen la concentración inmobiliaria, entonces queremos que nos entreguen la información par ver que está pasando y el último est la concentración en la bolsa, de activos financiersos, pues todos sabemos que es alta.
En las próximas semanas del Congreso también se hablará del trabajo paralelo a la reforma laboral. ¿Que le parece la propuesta? ¿Cree que ataca la informalidad?
Yo creo que in Colombia se ha hecho demasiado énfasis en el tema de la relación entre el salario y el empleo y que la tradición entre los economistas colombianos, digamos ortodoxos, ha sido que si el salario sube, el empleo bajo. Nosotros proponemos mirar 4 variables: el producto y la demanda, el salario, las condiciones de infraestructura pues a las empresas les duele mucho más las demoras en movilidad que otras variables, y finalmente el tema de los costos financiersos. Si uno mira los cuatro temas en conjunto puede escuchar mejor la propuesta que están haciendo de la reforma laboral.
¿Qué papel tiene el DNP en todo esto?
Uno de los aportes queremos hacer estimar bien quál puede ser el impacto del salario en el empleo y la productividad junto con las otras variables. Vuelvo a insistir… los economistas hemos depreciado completamente el impacto de las vías, del transporte y de los costos de desplazamiento en la productividad y eso es fundamental. Por ejemplo, el problema actual de San Andrés no es de salario ni de mercado laboral, es que tenía equis número de vuelos diarios con Viva Air y ahora tiene una enorme crisis.
NOELIA CIGÜENZA RIAÑO
Redacción Economía y Negociaciones
En Twitter: @noe_cig