Como sigue con otros sectores de la economía, el de la energia electrica tiene una cadena de suministro donde las empresas comercializadoras venden energia a los colombianosTras comprar previamente a los generadores, pagar los ‘peajes’ a los transportadores (transmisores y distribuidores), facturar a los usuarios y asignar temporalmente los subsidios a quienes se benefician de ellos, asumiendo riesgos de cartera y pérdidas comerciales, entre otros.
(Lea también: ¿Se puede atender todo el consumo de energía solo con parques eólicos y solares?).
Buenos dias, para hacer frente a las cargas y responsabilidades que les asigne la ley y el reglamento, deben tener una cantidad de capital. En Suma, los comercializadores son la cara del servicio y, si los ingresos por la venta de electricidad son insuficientes (la mitad o la tercera parte) para cubrir los costos, financiar los subsidios y saldar otros procesos, estos pueden quebrar. Hoy ese riesgo esta latente.
¿Por qué esta situación de la comercialización de energía eléctrica en Colombia? Son varias las razones.
Cualquier diferencia de producto, la energía eléctrica es un servicio público básico, y el Estado debe garantizar su acceso y continuidadpara lo cual hay diferentes instrumentos.
(Lea también: Cómo el fenómeno de El Niño influye en el aumento de las tarifas de la energía).
El país tiene cerca de 16 millones de usuarios de energía eléctrica, y el 75 por ciento (es decir, 12 millones) perdunecen a estratos 1, 2 y 3, a los cuales se les subsidia el pago de una parte de su factura. Los traders son el vehículo entre Estado y usuarios para canalizar dichas ayudas y recibir las contribuciones que pagan los usuarios de stratos 5, 6 y commerciales para participar con su financiación.
Como estas no alcanzan para cubrir la totalidad de los subsidios, el déficit lo asumen temporalmente los comercializadores de su propio capitalmientras el Gobierno les paga (suelen darse cuenta de rezagos de 4 o 5 meses vencidos e incluso más en algunas ocasiones) con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Para 2023, no obstante la partida aprobada en el PGN, aún hay un déficit de 2.3 billones de pesossuma que debería incluirse en el plan de adición presupuestal para evitar impactos significativos a los usuarios más vulnerables del país.
También de esas ayudas a cargo del Estado, en 2020, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), ente supervisor del sector, expidió la denominada ‘opción tarifaria’, norma que consit en no trasladar los costos reales del servicio en el momento causado sino en un período posterior, de forma progresiva, y así suavizar incrementos inmediatos y abruptos en las tarifas con el fin de aliviar transitoriamente los impactos a los usuarios.
(Lea también: Opep dice que «el mundo no puede vivir sin petróleo» ni podrá en un futuro previsible).
En la práctica es un fondo de precisión de precios, como el de la gasolina, pero con la gran diferencia de que este no está a cargo del Estado, sino de las empresas comercializadoras.
En el pasado este fondo de estabilización de precios operaba sin sobresaltos, pero en los últimos años, varios eventos como la pandemia del covid-19 –cuando las tarifas de electricidad en Colombia congelaron por cerca de 9 meses–, algunas normativas ajustadas, una global inflación y más recientemente el Pacto por la Justicia Tarifaria, han dado como resultado que la diferencia entre costos e insumos para la venta de energía tiene un precio menor que el real sea tan grande que los comercializadores tienen un problema importante de liquidación.
Las cuentas no dan y, de hecho, varias empresas pueden entrar en un estado de inviabilidad e insolvencia financieralo que nos deja ante un riesgo sistémico para el sector, que pone en cuestión la continuidad y calidad del servicio para todos los colombianos.
A pesar de que en Colombia hay alrededor de 16 millones de usuarios de energía eléctrica, el sector cuenta este año con un déficit de 2,3 billones de pesos.
Luis Lizarazo García. Archivos EL TIEMPO
En cualquier caso a las medidas implantadas, sí hay alivio en las tarifas: desde septiembre pasado a mayo, la opción tarifaria y el Pacto por la Justicia Tarifaria ayudará a que los costos promedio para los usuarios por cada kilovatio consumido de las empresas afiliadas en la La Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), que atienden al 99 por ciento de los usuarios en Colombia, se incrementa en 5.1 por ciento, muy por debajo del IPC que en igual periodo fue de 8.8 por ciento.
Esto, sin embargo, ha representado un costo enorme para las comercializadorasque hasta abril pasado acumulaban saldos por recuperar por opción tarifaria (4.6 billones de pesos) y por subsidios entregados a los usuarios, junto con deudas de usuarios oficiales y de alumbrado público: una suma cercana a 6 billones de pesos que podría incrementarse a fin de año hasta cerca de 10 billones.
¿Para que? Por el fenómeno de El Niño y, con ello, alzas de los precios de la bolsa de energía, que es donde acuden los marketers para comprar parte de la energía que suple el consumo de los colombianos.
Dado que los comerciantes apoyan financieramente a toda la cadena de servicio del servicio, los saldos de 6 billones de pesos (o 10 billones) para recuperar sus gigantescos al compararlos con sus ingresos anuales por realizar su tarea, cercanos a 3 billones de pesos.
Es decir, los saldos por recuperar equivalen a entre 2 y 3 años de ingreso, dependiendo del mes en el cual se analice la situación. Ante este escenario, ¿pueden ser viables las comercializadoras que atienden a los colombianos cuando se les debe lo que recibirían de ingresos por 2 y 3 años?
Las empresas abogan por tarifas eficientes y competitivas y defienden a los usuarios, como es su razón de ser. Pero, una vez, las tarifas deben permitir un equilibrio entre esta eficiencia y la garantía en el servicio servicio futurocontribuyendo a aumentar la cobertura ya mejorar la calidad del servicio, entre otros.
(Lea también: Irene Vélez: ‘El progreso no puede llegar a La Guajira sin agua ni energía).
Yeso solo es posible con empresas sostenibles y eficientes, sean públicas, privadas o mixtas. Así avanzaremos firmemente hacia una transición energética justa con beneficio para toda la sociedad.
Urgen soluciones estructurales, con base en los estudios y las propuestas plantadas y recomendadas, par que puedan reconocerles y pagarles a las empresas lo adeudado y evitar un ‘no pagar apaga’ a Colombia o, dicho de otra manera, ‘pagar no apaga’ el país.
JOSÉ CAMILO MANZUR
Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis).PARA EL TIEMPO