Como sucede con otros sectores de la economía, el de la energía eléctrica tiene una cadena de suministro donde las empresas comercializadoras venden energía a los colombianos, tras comprar previamente a los generadores, pagar los «peajes» a los transportadores (Transmisores y Distribuidores) , facturación a los usuarios y asignación temporal de las subvenciones a quienes se benefician de ellos, asumiendo riesgos de cartera y pérdidas comerciales, entre otros.
Por ello, para afrontar las cargas y responsabilidades qu’asignar la ley y la regulación, deben disponer de un capital cuantioso.
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En Suma, los comercializadores son la cara del servicio y si los ingresos por la venta de electricidad son insuficientes (la mitad o la tercera parte) para cubrir los costos y financiar los subsidios, entre otros, pueden quebrar; y hoy ese riesgo está latente.
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José Camilo Manzur, Director Ejecutivo de Asocodis
Carlos Ortega. Archivos EL TIEMPO
¿Por qué está en riesgo la comercialización de energía eléctrica en Colombia? Por varias razones.
Cualquier diferencia de producto, la energía eléctrica es un servicio público básico y el Estado debe garantizar su acceso y continuidad. Para lograrlo existen diferentes instrumentos. El país tiene cerca de 16 millones de usuarios de energía eléctrica, y el 75 por ciento, es decir, 12 millones, pertenecen a estratos 1, 2 y 3, a los cuales se les subsidia el pago de una parte de su factura.
Los traders son el vehículo entre Estado y usuarios para canalizar dichas ayudas y recibir las contribuciones que pagan los usuarios de stratos 5, 6 y commerciales para participar con su financiación. Como estas no alcanzan para cubrir la totalidad de los subsidios, el deficit lo asumen temporalmente los comercializadores de su propio capitalmientras el Gobierno les paga (suelen darse cuenta de rezagos de cuatro o cinco meses vencidos e incluso más en algunas ocasiones) con recursos del Presupuesto General de la Nación-PGN.
Para 2023, a pesar de la partida aprobada en la PGN, aún existe un déficit de 2,3 billones de pesos, suma que debería incluirse en el proyecto de adición presupuestal para evitar impactos significativos a los usuarios más vulnerables del país.
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El déficit lo asumen temporalmente los comercializadores de su propio capital.
Además de esas ayudas a cargo del Estado, en 2020, la CREG, regulador del sector, expidió la opción tarifaria, norma que consiste en no trasladar los costos reales del servicio en el momento causado sino en un periodo posterior.
La idea es hacerlo de forma progresiva y así suavizar incrementos inmediatos y abruptos en las tarifas. En la práctica, es un fondo de estabilización de valores, como la gasolina, pero con la gran diferencia de que éste no está a cargo del Estado, sino de las empresas comercializadoras.
En el pasado este fondo de estabilización de precios operaba sin sobresaltos, pero en los últimos años, varios eventos como la pandemia (cuando las tarifas de electricidad en Colombia se congelaron por cerca de 9 meses) algunas normas ajustadas, una inflación global, y más destinatario del «Pacto por la Justicia Tarifaria», han dado como resultado que la diferencia entre costos e ingresos por la venta de energía a minor costo que el real sea tan grandeque los comercializadores tienen un importante problema de liquidación.
Las cuentas no dan. Varias empresas pueden entrar en estado de inviabilidad e insolvencia financieralo que nos deja ante un riesgo sistémico para el sector, que pone en cuestión la continuidad y calidad del servicio para todos los colombianos.
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Sobre las medidas que se implementan en el sector
En cuanto a las medidas implantadas, sí hay alivio en las tarifas: desde septiembre pasado a mayo, la opción tarifaria y el pacto por la justicia tarifaria ayudaron a que los costos promedios para usuarios por cada kilovatio consumido de Las empresas afiliadas en Asocodis (que atienden al 99 por ciento de los usuarios en Colombia) han incrementado en 5.1 por ciento, muy inferior al IPC que en igual período fue de 8.8 por ciento.
Esto, sin embargo, ha representado un enorme costo para los comerciantes que hasta abril pasado acumulaban saldos por recuperar por opción tarifaria (4,6 billones de pesos), y por subsidios entregados a los usuarios, y deudas de usuarios oficiales y de alumbrado público, una suma cercana tiene 6 billones de pesos, que podría incrementarse al final del año hasta cerca de 10 billones de pesos.
¿Para que? Por el fenómeno de El Niño, y con ello, alzas en los precios de la bolsa de energía, que es a donde acuden los marketers para comprar parte de la energía que suple el consumo de los colombianos.
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Las comercializadoras apoyan financieramente a toda la cadena de prestación del servicio.
Archivos / EL TIEMPO
Dado que las comercializadoras sostienen financieramente a toda la cadena de servicio del servicio, los saldos de 6 o 10 billones de pesos para recuperar son gigantescos al compararlos con sus ingresos anuales por realizar su tarea, cercanos a 3 billones de pesos.
Es decir, los saldos por recuperar equivalen a entre 2 y 3 años de ingreso, dependiendo del mes en el cual se analice la situación. Ante este escenario, ¿pueden ser viables las comercializadoras que atienden a los colombianos cuando se les debe lo que recibirían de ingresos por 2 y 3 años?
Las empresas abogan por tarifas eficientes y competitivas y defienden a los usuarios, su razón de ser. Pero sabía cómo, las tarifas deben permitir un equilibrio entre esta eficiencia y la garantía en el servicio servicio futuro, contribuyendo a incrementar la cobertura ya mejorar la calidad del servicio, entre otros. Eso solo es posible con empresas sostenibles y eficientes, sean públicas, privadas o mixtas. Así avanzaremos firmemente hacia una transición energética justa con beneficio para toda la sociedad.
Urgen soluciones estructurales, con base en los estudios y propuestas plantadas y recomendadas, par que puedan reconocerles y pagarles a las empresas lo adeudado, y evitar un «No pagar apaga» a Colombia, o dicho de otra manera, pagar no apaga el país.
JOSÉ CAMILO MANZUR
DIRECTOR EJECUTIVO DE ASOCODIS
(Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica)
