Está varias veces cansado alertas por riesgos impuestos y posible corrupción que llegaron en las últimas semanas al debate del Plan Nacional de Desarrollo, que se debe aprobar como máximo hasta el 7 de mayo.
Por ello, en el debate en las sesiones plenarias de la Hoja de ruta del Gobierno de Gustavo Petro los congresistas decidieron eliminar una serie de artículos polémicos. Sin embargo, hay otros que siguen vivos y hoy se definirían.
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Estos artículos fueron eliminados en la plenaria del Senado, mientras que en Cámara todavía no han sido discutidos.
El primer artículo que se cayó es el 207, el cual buscaba aumentar del 1 al 6 por ciento las transferencias electricas que deben pagar las empresas que construyan proyectos de energías renovables no convencionales, como la eólica y solar.
Este incremento fue para los proyectos que se ubican en áreas con promedio solar promedio anual (mayor a 5 kWh/m2/día) y mayor promedio de velocidad (mayor a 4 m/sa 10m de altura).
«Si queremos generar inversión y proyectos a futuro para la transición energética, subendo los impuestos a estos proyectos de alta envergadura y que son básicos para el empleo y la seguridad energética, no encontramos la causalidad ni la coherencia», aseguró el senador Ciro Ramírez.
El proyecto solar tiene una inversión de 20.000 millones de pesos.
También negó el artículo 218 que buscaba modificar el artículo 74 de la Ley de 1994 para avalor que la empresa podría desarrollar, de manera integrada, las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.
Con esto, pretende “promover la eficiencia en la atención del servicio público domiciliario de energía eléctrica, incentivar la ejecución de proyectos para aumentar la cobertura de este servicio y estimular la adopción de nuevas tecnologías”.
Se eliminó la agencia de seguridad digital en la plenaria del Senado.
El Senado le dice adiós a la Agencia de Seguridad Digital
Igualmente, se eliminó el artículo 353, con el que se pretende crear una agencia de seguridad digital Puesto que algunos congresistas alertaron de que con su creación se podría ‘chuzar’ la información personal de las personas.
This busca ser una entidad adscrita al Departamento Nacional de Planeación. Este será transversal a todos los sectores de la economía y tendrá como fin generar acciones preventivas y sostenibles para hacer frente a incidentes cibernéticos.
Otro de los empalmes eliminados fue el 364, el cual incentivaba que toda la cadena de valor del gas natural quedara en manos de unos pocos agentes.
Artículo decia: «Con el fin de asegurar el abastecimiento y la confiabilidad del servicio público domiciliario de gas natural, facilitar el aprovechamiento de nuevas fuentes de suministro y promover la ejecución de proyectos para ampliar la cobertura de este servicio y la sustitución de leña, las empresas que ejerzan Las actividades del servicio público domiciliario de gas natural pueden deducirse de integrar las actividades de producción, comercialización, comercialización de gas importado, transporte, distribución, comercialización incluyendo nuevas actividades que sean asimiladas por la autoridad competente, tales como regasificación, licuefacción o almacenamiento, entre otras actividades».
Algunos de los polemicos que siguen
También tuvo una gran discusión el artículo 370 con el que se le daría la vía libre al cambio de diseños de la primera línea del metro de bogota. Sin embargo, este no fue eliminado finalmente.
«Este artículo tiene nombre y apellido», dijeron varios congresistas.
El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá Claudia López.
Other de los artículos más polémicos fue el 356. Este busca definir qué podrían hacer las Asociaciones Públicas de Iniciación Popular en cualquier contrato estatal. No obstante debate, después de mucho siguió dentro del articulado.
«Estas asociaciones son un instrumento contractual de vinculación entre entidades públicas y los diferentes asociativos instrumentos de origen comunitario tales como las unidades de la economía popular, organizaciones de acción comunal, social o comunitaria u otras de organización social, grupos y/o comunidades étnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, mujeres y víctimas, para el desarrollo de proyectos de infraestructura viaal, educativa, medio ambiente, agrícola, pesca y pecuaria y de servicios públicos”, dice el artículo.
Según la senadora Paloma Valencia, estas asociaciones tienen un problemita y es que tienen 6.000 millones de contratación. «No son pequeñas obras sino grandes. Parece muy extraño querer contratar un dedo ahí se va a generar muchísima corrupción. Esto es un mecanismo para hacer politiquería”, sentenció.
Por su parte, el senador Miguel Uribe, dijo que lo más grave es que las obras no van a llegar al territorio.