Cálidda, filial de Grupo Energía Bogotá (GEB) en Perú, se firmó un contrato de línea de crédito por 150 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para reducir el incumplimiento de la infraestructura de servicios públicos en las ciudades de Lima y Callao.

Además, este acuerdo permitirá fortalecer la gestión de sostenibilidad de la compañía mediante el establecimiento y seguimiento de objetivos enmarcados en la agenda de transición energética de la CAF.

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Martín Mejía, gerente general de Cálidda, explicó que las inversiones permitirán continuar con la expansión de redes y conexión de más de 205.000 hogares en el área de concesión de la empresa.

Además, esta iniciativa contribuirá a que la filial del GEB mantenga su calificación ESG (Environment, Social, Governance, por sus siglas en inglés) en escala robusta y, por otro lado, a que siga reducir el índice de huella de carbono además operaciones durante la ejecución de los proyectos.

«El acceder a la línea de crédito con una institución de prestigio como la CAF hará posible que sigamos avanzando en nuestro propósito de generar progreso y calidad de vida para más peruanos, llevándoles una limpia energia, economica y segura«, déstaco.

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Según Promigás, la devaluación impacta los precios y afecta la competitividad.

Asimismo, el gerente general de Cálidda aseguró que este recurso permitió a la empresa seguir trabajando sobre la base de una gestión sustentable. «En Cálidda y en el GEB sabemos que el gas natural es sinónimo de desarrollopor ello seguiremos comprometidos en llegar cada día a más familias en Lima y Callao”, agregó.

Por su parte, Santiago Rojas, gerente de CAF para la Región Norte, expresó que “esta firma refleja el compromiso de CAF de impulsar una transición energética justa que no deje a nadie atrás y que ayude a Perú y al resto de países de América Latina y el Caribe ha instalado un modelo económico respetuoso con ambienteen el marco de los compromisos climáticos de los países de la región».

En los últimos cinco años, CAF aprobó operaciones a favor de Perú por 11.836 millones de dólares, un promedio de aprobación de 2.367 millones de dólares anuales.