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El Gobierno de Aragón ha establecido un convenio de colaboración con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y el Sindicato de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), destinando un total de 150.000 euros al programa Segunda Oportunidad.

El objetivo del acuerdo es ayudar a los autónomos a superar situaciones de insolvencia mediante la prestación de servicios técnicos especializados en tan sólo unas horas. Además, trate de evitar que estos problemas ocurran inicialmente.

El acuerdo, vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, permitirá a ATA y UPTA recibir 75.000 euros cada una para implementar el Programa Segunda Oportunidad y establecer el Observatorio Autónomo de Aragón.

Las actividades incluyen asesoramiento inicial para organizaciones en dificultades debido a una legislación de segunda oportunidad y análisis de opciones económicas viables. También está prevista la realización de estudios concursales y la formalización de la documentación necesaria para el acceso de las personas físicas a la competencia de abogados. Se analizará la viabilidad de cambiar la forma jurídica de las empresas para seguir operando.

El convenio también prevé el asesoramiento preventivo para los trabajadores autónomos, la difusión del derecho en segunda instancia y la presentación de quejas ante organismos europeos para favorecer la homogeneización de este derecho a nivel europeo.

Durante la firma del acuerdo, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, afirmó que se facilitará a los autónomos las herramientas necesarias para superar estos retos y relanzar su vida.

El presidente de ATA Aragón subrayó la importancia de acompañar y apoyar a los autónomos no sólo en el inicio de su actividad, sino también en los momentos difíciles, para que no se sientan abandonados. Destacó la importancia de aprobar la Ley de Segunda Oportunidad.

Álvaro Bajén, secretario general de la UPTA, definió el acuerdo como un avance significativo en la protección del trabajo autónomo en Aragón. Según Bajén, en 2023 más de 400 empresas y particulares de la comunidad aragonesa se sumarán a la Ley de Segunda Oportunidad.

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